La matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio.
Documentar el papel de las instituciones del Estado en esa región en la escalada de violencia en Chenalhó, permite entender la responsabilidad oficial en la masacre, perpetrada por paramilitares, protegidos y armados por autoridades civiles y militares.
El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas.
El gobierno alentaba o creaba artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar.
El consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de Chenalhó, integrados con los miembros de los grupos armados antizapatistas.
Protegidos por la policía estatal y por el Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, al tiempo que promovían los programas y repartían la ayuda estatal y federal.
El experimento paramilitar comenzó en la zona norte en 1995, con Paz y Justicia, luego se exportó a los Altos y a la selva.
El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Jorge Hernández Aguilar, además de borrar las huellas de la masacre de Acteal, encabezó múltiples ataques a pueblos zapatistas. Incluso disparó desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997. De esta manera, el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y terror.
No hay comentarios:
Publicar un comentario